Tal como la novela de García Márquez, el epílogo del paro indefinido se cumplió con la predicción de la crónica de una muerte anunciada. La declaratoria del Estado de Emergencia para Abancay nos condena a una suerte de muerte civil. La suspensión de las garantías constitucionales otorga al Estado mayores prerrogativas de actuar con toda licencia para reprimir cualquier conato de violencia. El Estado puede, entonces, hacer uso de la fuerza en ejercicio de su derecho al “monopolio legítimo de la violencia” tal cual Max Weber señaló como carácter fundamental del Estado moderno, sin embargo, esto nos llama a la preocupación. Mantengámonos alertas respecto a cuales de nuestros derechos fundamentales pueden ser afectados al amparo de esta excepción(*).
Ciertamente se invoca la medida como una manera de garantizar el orden interno. Pero ¿el orden interno sólo se determina desde arriba, desde el Estado. De qué orden interno podemos hablar si la sociedad no logra garantizar su propio orden social?. En estos momentos de prueba requerimos mantener una actitud de vigilancia ante cualquier manifestación de exceso desde la fuerza pública.
De otro lado consideramos que esta situación constituye una consecuencia esperada que paradójicamente juntó los extremos del conflicto apurimeño: De un lado, el sector recalcitrante que se manifestó incitando y cometiendo actos de vandalismo, buscando el caos y la zozobra de la ciudad bajo el supuesto de este modo crea un vacío de poder que podía aprovechar a su favor. Del otro extremo, el sector más duro del gobierno, que considera que nada importa más que gobernar con mano fuerte, para instaurar la ley y el orden, donde el diálogo es sólo un recurso prescindible.
Pero hay una responsabilidad particular en quienes condujeron la medida de lucha. Incapaces de reconocer la necesidad de sujetarse a las tres premisas básicas: Luchar con la razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Esta protesta social sobrepaso el límite de lo razonable y la tolerancia, pues llevaron sus exigencias a demandas políticas inatendibles siempre bajo la amenaza del continuar el paro.
Nuestros preclaros dirigentes emprendieron una lucha sin tener claridad respecto a lo que buscaban. El rechazo a una distribución inequitativa del presupuesto caló hondo en el imaginario abanquino y se extendió a algunas provincias. Pero con el tiempo, ante el respaldo activo de los sectores sindicalizados en su mayoría proveniente del sector público, la adhesión de algunas autoridades locales y la legitimidad dada por un grueso sector de la población, consideraron que podían coronar esta lucha con un triunfo mayor: La salida de Salazar Morote de la Presidencia Regional. Y con este objetivo se volcaron a las calles. Destitución, revocatoria, o lo que sea. David Salazar debía irse a cualquier costo.
Hasta que se produjo el estallido del viernes 20 de diciembre, que pudo tener mayores consecuencias, pero aún siendo el punto de mayor conflictividad desde el inicio del paro algunas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la MCLCP de Apurímac, bregaron por crear condiciones para posibilitar una mesa de diálogo con presencia de una delegación del ejecutivo. Abancay y Lima fueron escenarios de estas negociaciones. La primera respecto buscó centralmente acuerdos respecto a la distribución presupuestal y sabemos que fracasó rotundamente al patearse el tablero de la mesa de diálogo, al igual como se hizo antes con los acuerdos del Consejo Regional que sesionó en Curahuasi. El segundo, que conoceremos luego, significó un último intento desde el ejecutivo para que las autoridades locales examinen la posibilidad de mejorar los recursos destinados a la inversión municipal, y en consecuencia, incrementando el presupuesto destinado al departamento.
Al final, el voluntarismo dirigencial, cegado por el triunfalismo terminó tirando de la cuerda, ratificando su decisión de reiniciar la paralización, lo cual constituyó una provocación, un acto irresponsable y una concesión bajo presión de los sectores más intolerantes, incluida aquella minoría proclive al violentismo que deliraba en la idea de estar cerca del asalto al cielo y empujaba por radicalizar las medidas de lucha.
Sin embargo, la crisis abierta puso en riesgo la gobernabilidad en el departamento, y las consecuencias son ahora conocidas: La negativa del ejecutivo a seguir dialogando, un endurecimiento del Estado mediante el reforzamiento de los contingentes policiales y ahora la presencia militar con la declaratoria del estado de emergencia.
La tozudez de los iluminados dirigentes del Comité de Lucha es ejemplar. Ahora anuncian que la lucha continúa, en otras condiciones, y hasta la victoria siempre…La realidad es otra: Los costos por los largos días de la paralización aparecen ahora superiores al monto de los recursos reclamados al presupuesto regional. Más días de paralización empieza a ser rechazados por la población, cercana las fiestas navideñas, la finalización de un accidentado año escolar, aletargada la gestión pública por tantos días de paro y con una serie de pendientes que cumplir. La situación no puede ser más favorable a reexaminar la pertinencia de continuar con la medida de fuerza aún cuando la terquedad de estos dirigentes es memorable.
La terca realidad, empero, será la pared donde se vuelvan a estrellar las cabezas de nuestros termocéfalos, quienes siguen pensando que hay que considerar a todos los problemas como clavos y, por tanto, la única solución es atacarlos a martillazos.
Los editores
(*) Los derechos que pueden ser restringidos durante un estado de emergencia son: Libertad de tránsito, Libertad de reunión, Inviolabilidad de las comunicaciones, Inviolabilidad del domicilio, Detención por orden de juez.
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