Escrito con la agudeza que lo caracteriza, nuestro buen Cholo Humareda nos adelanta un balance sobre el 2009 que nos apresuramos en colgar, pues el artículo aún cuando extenso nos invita a leer y provoca más de una respuesta.
Los editores
El balance está pendiente
Empieza el 2010 y nos ponemos nuevamente a trabajar. El 2009 ya paso y es momento de hacer el balance de lo acontecido. Nos toca, analizar temas serios de suma importancia para empezar el año.
Esta pendiente un balance de la “crisis regional”. Aunque los comentarios en el taxi o en el mercado, rechazan un nuevo paro indefinido, su convocatoria ha quedado desfasada. Los periodistas más hepáticos ahora tienen otro rollo y hasta sonríen.
La causal de vacancia nunca fue demostrada y no prosperó, igual como la convocatoria del 2007 para reunir firmas y revocar a David Salazar. La denuncia de una supuesta distribución inequitativa del presupuesto caló hondo en el imaginario abanquino y se extendió a algunas provincias. Los enfrentamientos con los resultados esperados estallaron con toda la violencia embalsada por años.
El Presupuesto Participativo 2010 de la región Apurímac partió de los 78 millones del año anterior. El MEF oficialmente lo estableció en 46 y más adelante lo confirma en 78. Al mejorar la recaudación fiscal. el Gobierno Central considero un adicional al presupuesto 2010, para beneficiar a las regiones más pobres del país. Se hizo justicia social con Apurímac y otras regiones.
El MEF asignó el presupuesto adicional para Apurímac sobre la base del Plan Multianual de Inversiones aprobado por el Consejo Regional, considerando los Proyectos de Inversión viabilizados por el SNIP, la “sectorista” de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, guiándose por las Políticas Nacionales de Salud priorizó el Hospital de Andahuaylas dado el compromiso del Gobierno Peruano con UNOPS, que exige se presupueste el monto de inversión total. Igual ocurrió con el Hospital Lorena de Cusco.
La escasa comunicación entre el Gobierno Regional, los Municipios Provinciales y distritales, con la población, así como los objetivos políticos de los promotores del Paro que agitaron “el andahuaylino le quita presupuesto a los abanquinos y las provincias altas” y “se lo lleva para Andahuaylas”. El paro iniciado el 11 de noviembre contó con el respaldo militante de los sindicatos de trabajadores estatales y ganó la adhesión de algunas autoridades locales desubicadas. Todos consideraron que lograrían la salida de Salazar Morote de la Presidencia Regional.
La orquestación de medios de comunicación, profundizó la percepción de arbitrariedad y autoritarismo en el Presidente Regional, acusado de “favorecer Andahuaylas” y “desconocer el Presupuesto Participativo”. De nada valió justificar la construcción del hospital, cuya importancia nadie negó. Se rechazaba una supuesta “decisión personal, arbitraria y no consultada”.
Se interrumpió el libre transito, el abastecimiento y el comercio; las actividades en los hospitales, colegios y otras entidades públicas se vieron afectadas. Generándose altos costos sociales para población. El déficit en horas lectivas y el bajo rendimiento escolar se agudizaron. El acceso a los servicios de salud, la esperanza de vida al nacer, los programas de salud mental, tercera edad, enfermedades transmisibles y de nutrición a los menores de 3 años, se vieron amenazados.
Se puso en riesgo la gobernabilidad: por un lado, el Presidente del Consejo de Ministros se negó a seguir dialogando y se reforzó el control policial, con la declaratoria del estado de emergencia; por el otro, los promotores del Paro no se hacen responsable de los costos por los largos días de paralización, que representan montos superiores a los recursos reclamados del presupuesto regional.
El costo político es alto. La figura del Presidente Regional se debilitó. Nuevamente la primera autoridad regional estuvo en el ojo de la tormenta. Afectandose la institucionalidad y gobernabilidad regional, así como la representatividad de David Salazar, quien declaró “no iré a la reelección”.
Muerte anunciada de un paro
El Estado de Emergencia, era la salida esperada por los promotores del paro, para poner fin a los actos de vandalismo, el caos y la zozobra de la ciudad. Cuando llegó la Comisión de Alto Nivel y no lograron mayoría en el Consejo Regional, comprendieron que habían fracasado en la intención de crear un vacío de poder.Bastó la declaratoria del Estado de Emergencia en Abancay, para demostrar que el “orden interno” podía recuperarse si se daba oportunidad a la sociedad para recuperar su alegría y voluntad de trabajo, garantizando el orden social. No se ha utilizado la fuerza pública para que todos vuelvan a trabajar.
Los sectores más conservadores del gobierno y la sociedad, esperaban que el Estado de Emergencia permitiera gobernar con “mano fuerte”, para instaurar la ley y el orden. Reaccionando positivamente David Salazar lideró el pedido de levantamiento del Estado de Emergencia, ganando el respaldo de la mayoría de los Alcaldes.
Hay una responsabilidad particular de quienes condujeron la medida de lucha. Incapaces de “luchar con la razón, con ventaja y sin sobrepasarse”, no consideraron los límites de lo razonable y tolerable, promovieron demandas políticas que rebasaban el Estado de Derecho, bajo la amenaza del continuar el paro. Emprendieron una lucha sin tener claridad de objetivos fueron cambiado la agenda de negociación: pasaron de la demanda presupuestal a la “destitución”, luego revocatoria o lo que sea; al final vacancia, David Salazar “debe irse cueste lo que cueste”.
Algunos jóvenes encontraron la oportunidad de “guerrear” y convirtieron las calles en escenario de batallas campales. Otros fueron por curiosidad, se volcaron a las calles y desfilaron como si asistieran a un “carnaval”, iban a la Plaza de Armas con hijos, ancianos y hasta con cajas de “chelas”. Un grupo de ellos inició el enfrentamiento del viernes 20 de diciembre, cuando tiro una botella a la PNP.
Al compás de la rebeldía juvenil, el enfrentamiento creció y llegó a su punto más alto, cuando pretendieron tomar la sede del Gobierno Regional. Del Ministerio del Interior se dispuso restablecer el orden utilizando bombas lacrimógenas, varazos y perdigones. Los heridos sufrieron en carne propia la intolerancia de los integrantes del “comité de lucha”.
Lentamente la paralización empezó a ser rechazada por taxistas, comerciantes, escolares y universitarios, se acercaban las fiestas navideñas, el fin del año escolar y el ciclo en UTEA. Los empleados públicos no podían perder su canasta, gratificación y celebraciones de fin de año. También estaba cerca el cierre presupuestal, el pago a proveedores y las liquidaciones de obra, etc.
Nadie sabe dónde están los promotores del Paro. Algunos siguen escondidos y no aparecer por ningún lado. Habría que preguntarles: si sabían que el Presidente no podía ser vacado, ¿por qué prolongar el paro por 12 días? Se dejaron llevar por la “prédica revolucionaria”. No aparecen quienes arengaban: “no todo esta perdido, no fue una derrota, debemos seguir hasta las “últimas consecuencias”.
Después del paro las calles de Abancay quedaron sembradas de piedras y malolientes residuos. La gente camina apresurada como si quisiera recuperar a grandes trancos los días perdidos irremediablemente y hasta la vida nocturna se ha normalizado, aun con estado de emergencia. Lentamente, sobrevino una perfecta paz, con chocolatadas y villancicos. Todos los empleados públicos “estables”, llevaban sus canastas y celebraron con su gratificación y el CAFAE.
El costo económico es elevado. Se estima en 1,261.15 millones de nuevos soles (cifras INEI 2006) el producto bruto interno (PBI a precios corrientes) de la región; de este monto, 824.87 millones de soles (2.3 millones de soles diarios) corresponden a los rubros de manufactura, construcción, comercio, transportes, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales y otros servicios, que se vieron afectados por los 12 días de paralización significaron mas de 27 millones de soles en pérdidas, equivalente al 45% de los 60 millones que decían distribuirían equitativamente (Abancay recibiría 8.5 millones de soles).
Abancay perdió. Taxistas y pequeños negocios sufrieron la irreparable perdida de ingresos. A este costo directo del paro, debemos sumarle la movilización y alimentación de los policías. También el costo de las secuelas post paro: la reparación de la propiedad pública y privada dañada. Si consideramos el lucro cesante, los costos fueron mayores que los beneficios.
El ejercicio concreto de la democracia y las experiencias de buen gobierno todavía son incipientes e insuficientes para obtener resultados que garanticen la representación de intereses plurales.
Tras el Paro, es tarea de todos cerrar este capitulo para que emerja la esperanza, el diálogo y entendimiento, para orientar nuestros esfuerzos en democratizar el Estado, fortaleciendo los Gobiernos Regionales como contrapeso político al centralismo, parlamentarismo y presidencialismo limeño.
Conviene reclamar la corresponsabilidad social de los dirigentes partidarios y las autoridades elegidas y funcionarios juramentados que se dejaron ganar por la tentación absolutista. Resulta necesaria una autocrítica colectiva que marque el fortalecimiento del orden democrático y constitucional. Para tal fin, proponemos que jueces, fiscales y policías también rindan cuenta en las Audiencias Regionales.
Aun quedan amenazas de conflictos. En el Gobierno Regional subsiste la responsabilidad y poca iniciativa para informar a la población. Ciertamente, mientras se mantenga la vieja estructura centralista, patriarcal, patrimonial, presidencialista y vertical de la exCTAR, permanecerán latentes las políticas exclusivas y la corrupción en el Gobierno Regional de Apurímac. Mientras nosotros mismos nos informemos, participemos y decidamos sobre las políticas públicas regionales y la gestión de los programas, proyectos y actividades regionales y municipales, no se producirán cambios permanentes.
Resulta necesario reflexionar sobre los elementos, quehaceres y relaciones que debemos cuestionar y replantear para que nuestra forma de vivir contribuya a la generación de políticas públicas regionales.
El paro indefinido dio lugar a macabras especulaciones de que “nada se puede hacer”, generando desconfianza en los partidos y movimientos políticos, desánimo y descrédito de los eternos y pretendidos candidatos, que prefirieron callar y algunos sumarse a la protesta, olvidando su rol dirigente. Nadie reclamó la aún posible la unidad territorial de Apurímac, prosperaron las voces que pregonaban la división de Abancay y Andahuaylas. Nadie quiso nadar contra la corriente y proponer el diálogo como camino para garantizar la tranquilidad y la Paz.
Hagamos política responsable, aportando a construir el futuro que deseamos para nuestros hijos, pongámonos de acuerdo, quienes creemos en el diálogo, la concertación y buscamos el consenso, para fortalecer las instituciones representativas que sienten las bases de un gobierno regional democrático y descentralizado, construyendo Apurímac como una región próspera, productiva, abierta al mundo y al cambio tecnológico.
El momento es propicio para ponernos a prueba y que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad. Responsables somos todas y todos: las responsables de las instituciones que no previeron ni diseñaron una estrategia de construcción de la Paz; los ciudadanos que no asumimos un papel activo para defender nuestros derechos, opinar y prevenir los conflictos que ahora lamentamos. Es momento de reflexión, pero principalmente de acción inmediata.
Primero, rechacemos todo despliegue de violencia, venga de donde venga. Las instituciones deben actuar inmediatamente para evitar se violen derechos fundamentales. Policías, Fiscales, Jueces, Defensoría del Pueblo y demás instituciones tutelares deben asumir su rol e intervenir para defender la vida y la Paz, sin cometer excesos. Los dirigentes sociales deben prevenir a los participantes en las marchas, que no lleven niños, ancianos ni enfermos, porque corren peligro; están en la obligación de vigilar y detener a quienes encorajinados intenten destruir propiedad pública o privada, para que no miden las consecuencias de sus actos y no generen mayor violencia. También, el Colegio de Abogados, la Iglesia, las ONGs de Derechos Humanos e instituciones de la sociedad civil, deben salir al frente para promover el diálogo como único camino para encontrar la Paz con Justicia Social.
Segundo, las autoridades regionales y municipales son responsables de convocar y dialogar con las organizaciones representativas para encontrar salidas pacíficas; y para concertar con las empresas privadas y el Gobierno Nacional para encontrar alternativas de solución viables, para vivir en Paz, recuperar la tranquilidad pública, el libre transito, garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de los servicios sociales, nuestros derechos al trabajo y comercio. Nadie puede renunciar a la obligación de participar, para resolver -nosotros mismos y sin tutelajes- nuestras diferencias.
Tercero, pongamos por delante los intereses colectivos, la integración y el desarrollo de Apurímac dejando de lado intereses personales o de grupo, ambiciones políticas y otras inconfesables. Renunciemos a la indiferencia y la costumbre de responder “no es mi problema”, la aparente neutralidad que nos lleva al inmovilismo cómplice. Todo aquello que contribuye a mostrar que Apurímac es un territorio ingobernable, una sociedad inviable, sin futuro ni esperanza.
Cuarto, fortalezcamos los colegios profesionales, organizaciones gremiales, empresariales y sociales representativas, para que asuman conscientemente su rol de agentes de desarrollo. Nuestras instituciones representativas aún son precarias, frágiles y están muy debilitadas porque no renuevan sus liderazgos. Nadie puede asumir la responsabilidad y la vida y seguridad de mucha gente, sin consultar ni informar a sus representados. Existe mucho protagonismo porque están cerca las elecciones. No se puede cabalgar sobre las justas demandas del pueblo para hacerse conocidos como candidatos.
Fortalecer el Acuerdo Regional!
Todos quienes abogamos porque las próximas elecciones del 3 de octubre, sean democráticas y transparentes, como expresión de la voluntad popular. Rechazamos todo intención de concebirla como espacio de confrontación y canibalismo.Es hora de poner en marcha las voluntades y colocar a Apurímac por encima de todas nuestras pasiones e intereses. Nos toca fortalecer el Acuerdo Regional suscrito hace 2 años, desde la sociedad, con las instituciones y desde la ciudadanía, para todas y todos los apurimeños.
Persistamos en los afirmar los espacios de concertación y coordinación, para garantizar la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, generando condiciones para que las próximas elecciones donde proceda una transición ordenada hasta que las nuevas autoridades inicien su gestión.
Las elecciones regionales 2010 serán distintas a las que tuvimos en el 2006. Las nuevas reglas del juego a escasos 11 meses de las elecciones, nos imponen un cambio de actitud para superar el 30% de votos válidos en primera vuelta.
Es tiempo de promover alianzas electorales con propuesta programática y eficacia política. Para asegurar que en segunda vuelta, se supere en el 30% de votación. También para garantizar que en cada provincia se alcance la mayor votación para el correspondiente consejero. Y para que el próximo Presidente Regional cuente con mayoría en el consejo, evitando un enfrentamiento entre ejecutivo y el legislativo regional.
Resulta fácil lograr acercamientos personales, pero difícil agendas regionales, definir líneas programáticas, cumplir nuestros propios principios y construir un equipo de gobierno plural, con voluntad política y capacidad técnica, para hacer realidad las promesas electorales.
Es difícil pero impostergable reconstruir el consenso, fortalecer el Acuerdo Regional y actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado, cuando la proximidad de elecciones regionales y municipales promueve la dispersión de esfuerzos. El proceso de largo aliento para establecer una cultura de diálogo y entendimiento entre los múltiples actores de la región se torna inestable. Sobre todo porque la población ha perdido la confianza. Recuperemos la esperanza del pueblo!!
Abancay, 15 de Enero de 2010
Victor "Cholo" Humareda
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